El proyecto de Código Monetario y
Financiero, entendido como un instrumento que contribuiría a cambiar las
relaciones de poder que históricamente han predominado en el Ecuador, es un
elemento clave dentro del proceso político de trasformación en el que la
institucionalidad económica, financiera y social nacional apuntalan un nuevo
modelo económico en el que prevalece la supremacía del ser humano sobre el
capital financiero.
Es así que el proyecto busca dar
continuidad a un proceso de conversión del Estado burgués clasista hacia un
Estado popular no clasista, en donde las reglas del juego no se definen por la
clase dominante [concebida como el poder mediático de los grupos financieros
privados, el corporativismo o empresariado en los espacios públicos, la dominación
de los países hegemónicos o las burocracias internacionales] sino por el
pueblo, el poder popular – el legítimo mandante.
En el Ecuador, transformar el Estado
burgués clásica significa reformar y reemplazar a las instituciones de
explotación y acumulación existentes. Implica transitar de un modelo de
acumulación primario exportador y altamente dependiente de importaciones,
sosteniendo por y al servicio de la banca privada y de los grupos económicos
hegemónicos, hacia un modelo económico social y solidario cuyo objetivo es
propender a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado; lo que significa dar fin a las deficiencias estructurales de la
economía de mercado cuyo más perversos efectos fueron globalmente puestos en
evidencia durante la reciente crisis financiera internacional iniciada en la
segunda mitad del 2008.
Para evaluar estos
antecedentes, es pertinente recapitular sobre el origen y evolución histórica
de las políticas económicas y financieras en el Ecuador, provenientes de
instituciones excluyentes que han procurado garantizar la preponderancia del
poder político de quien tiene el desarrollo equitativo e incluyente, creó un
aparato de dominación social que registró sus episodios más dramáticos en 1914
y 1999 durante las dos más grandes crisis bancarias de la historia del Ecuador.
Por su parte, la
política monetaria y financiera se caracterizaban desde ese momento por lo
establecido en la ley de Monedas 1898 y en la Ley de Bancos 1899, esto es el
predominio de bancos privado que con la capacidad legal de poner moneda en
circulación asumieron gran parte del rol del Estado en la economía como
oferentes de crédito para toda actividad productiva significativa, asumiendo en
la practica el control de las variables monetarias como el tipo de cambio y las
tasas de interés, y, de facto, el poder sobre el manejo de la oferta monetaria.
Tanto la Ley Orgánica de
Régimen Monetario y Banco 1992 como la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero 1994, incorporaron tale como: facultades a la banca comercial para
prestar servicios de banca de inversión, vinculación accionaria de los bancos
con otros sectores económicos, relajamiento de los indicadores financieros
bancarios, pérdida de capacidades de la Superintendencia de Bancos,
concentración de créditos en pocas personas o empresas vinculadas a las
instituciones financieras, proliferación de agencias “off shore” que fueron
legalizadas ocasionando fugas de capitales y defraudación de impuestos,
liberalización de las tasas de interés, introducción de nuevos productos
bancarios relacionados a las especulación internacional, plena circulación de
las divisas internacionales en el país y su libre transferibilidad al exterior,
y aumento indiscriminado del numero de instituciones financieras pese a ser un
mercado relativamente pequeño.
No hay comentarios:
Publicar un comentario